PADRE E HIJO DE BOADILLA ACUSADOS DE ESTAFAR CON LA VENTA DE PULSERAS DE MALUMA EN INTERNET

29-03-2024 2:24 p.m.

La próxima semana, la Audiencia Provincial de Madrid llevará a juicio a un hombre y a su hijo, residentes en Boadilla del Monte y de origen argentino, acusados de desviar ilegalmente las ventas realizadas en una página web de pulseras del cantante Maluma. 

REDACCIÓN - Los acusados presuntamente obtuvieron ganancias por un total de casi 154.000 euros mediante este fraude, por el cual la Fiscalía solicita tres años de prisión para cada uno.

Según la Fiscalía de Madrid, el juicio contra M.A.H.P. y G.P. está programado para iniciar el próximo jueves 4. El primero se encuentra en situación irregular en España.

Ambos, padre e hijo, presuntamente convinieron "en el común ánimo de enriquecerse a costa de lo ajeno", utilizando artimañas para persuadir a otro individuo de emprender un negocio de comercialización de pulseras del cantante Maluma en internet, con el propósito de obtener ingresos ilícitos.

Los acusados y la víctima establecieron una sociedad en septiembre de 2016, cada uno aportando 1.505 euros. En 2017, los acusados mostraron al afectado un supuesto borrador de contrato con el representante de Maluma, alegando que lo conocían y que por ello obtendrían los derechos necesarios. También afirmaron haber realizado previamente una actividad similar con el cantante Ricky Martin.

Para la comercialización de las pulseras, utilizaron el dominio fraudulento "www.malumacollection.online", desviando las ventas del producto a su propio beneficio y dejando fuera de ganancias a la empresa formada con la víctima.

Los acusados lograron que la víctima aportara las cantidades necesarias para materializar el contrato y cubrir los gastos derivados de la explotación del negocio, obteniendo un total de 153.919 euros.

Por estos hechos, la Fiscalía les acusa de un delito continuado de estafa, solicitando tres años de prisión, multa de 8.250 euros y la devolución de la cantidad estafada más intereses. Para el padre, que se encuentra en situación administrativa ilegal en España, la Fiscalía solicita la expulsión del país durante siete años en lugar de la prisión.