BOADILLA DEL MONTE REDUCE EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA PARA ALIVIAR LA CARGA FISCAL DE SUS VECINOS

REDACCIÓN - Esta medida se alinea con la política fiscal del Consistorio, que busca reducir la carga impositiva para aliviar el impacto de la actual crisis económica en los bolsillos de sus vecinos, quienes se

La modificación de la normativa también incluye la eliminación de la cuota mínima de 50 euros, que se aplicaba previamente. Esto significa que para las liquidaciones que den como resultado una cantidad negativa o que no estén sujetas a tributación, los contribuyentes no tendrán que pagar esta cuota.

En lo que respeta a la gestión del impuesto, el Ayuntamiento ofrecerá un formulario normalizado para aquellos que deban completar una declaración responsable debido a la falta de un aumento de valor. En el caso de transmisiones debido a fallecimiento, Boadilla ya aplica la máxima compensación del 95 % en la cuota del impuesto de plusvalía.

Esta reducción del impuesto de plusvalía se produce en respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales ciertos artículos de la Ley de Haciendas Locales que regulaban la tributación en casos en los que no había aumento de valor en bienes de naturaleza urbana. Aunque supone un alivio económico para los vecinos, también conlleva una pérdida significativa de ingresos para el municipio debido a este concepto fiscal.

Boadilla del Monte, en su búsqueda de aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, ha sido clasificado recientemente como el municipio con menos impuestos en España con una población de más de 50.000 habitantes, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos. Esto se debe a que la mayoría de los impuestos municipales están fijados en el mínimo legal permitido, con notables descuentos, como en el caso del IBI. Además, las tasas por servicios como la basura y los vados son prácticamente inexistentes.

A pesar de ser el municipio con la carga fiscal más baja, Boadilla del Monte también se destaca por ser uno de los mayores gastadores por hogar en municipios con poblaciones de entre 50.000 y 200.000 habitantes en España, según análisis de liquidaciones presupuestarias de 2018 a 2021.