BOADILLA COMPENSARÁ CON 8 MILLONES DE EUROS A REPUBLIC SPACE

REDACCIÓN - El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el Partido Popular desde 1987, deberá compensar al centro deportivo Republic Space (RS) tras un fallo judicial que dictamina que el Consistorio generó un desequilibrio financiero en su concesión administrativa. Este conflicto, originado en 2015 con la apertura del Polideportivo municipal Felipe VI, sigue sin resolverse plenamente casi una década después, con discrepancias sobre las actividades afectadas y la cuantía de la compensación.

El origen del conflicto

El Polideportivo Felipe VI estableció precios más bajos que los del mercado para actividades similares a las ofrecidas por Republic Space, perjudicando económicamente a este último. Según el auto de ejecución fechado el 10 de abril de 2024, el juzgado reconoce que RS debe ajustar sus precios a los del Ayuntamiento y recibir una compensación por la diferencia generada entre 2015 y 2024. Además, estas medidas se mantendrán hasta 2053, fecha de expiración de la concesión.

El auto también señala que la compensación incluirá la diferencia entre los ingresos reales de RS y los que habría obtenido con precios de mercado en 2011. Sin embargo, el desacuerdo radica en qué actividades son objeto del desequilibrio:

El Ayuntamiento sostiene que solo afectan a las pistas de pádel descubiertas.

Republic Space alega que incluyen otras siete actividades, como piscina, sala de fitness, escuelas deportivas y actividades dirigidas.

El juzgado, por su parte, desestimó limitar el reequilibrio únicamente a las pistas de pádel y la sala de fitness, dejando abierta la posibilidad de incluir más servicios en la compensación.

Retrasos y reproches

La sentencia inicial de 2018 no fue recurrida por el Ayuntamiento, y Republic Space solicitó su ejecución forzosa en 2019, tras la falta de cumplimiento voluntario en los dos meses establecidos. Sin embargo, el proceso se prolongó hasta 2024 debido a varias circunstancias:

Informes periciales: Se realizaron tres estudios para determinar el impacto económico.

Pandemia de COVID-19: Afectó la tramitación judicial.

Diferencias legales: El Ayuntamiento y RS han mantenido posturas opuestas, lo que motivó aclaraciones judiciales.

El Consistorio defiende que la dilación no es atribuible a su gestión, mientras que los abogados de RS señalan que el Ayuntamiento lleva nueve meses de retraso desde el auto de ejecución de abril.

Impacto económico y jurídico

El fallo obliga al Ayuntamiento a retribuir las pérdidas sufridas por RS durante nueve años y ajustarse a las tarifas municipales en las actividades afectadas hasta 2053. La cuantía exacta de la compensación sigue sin definirse, pero fuentes estiman que podría alcanzar los ocho millones de euros, lo que pone en riesgo el presupuesto municipal.

El Consistorio ha apelado el auto de ejecución, aunque este recurso no tiene efectos suspensivos, por lo que las medidas establecidas deben implementarse de inmediato.

Denuncias de la oposición

La oposición, liderada por Más Madrid-Verdes Equo, ha calificado la gestión del Ayuntamiento como "negligente". Según su portavoz Marian Graña, el conflicto podría haberse resuelto mediante una negociación en 2015, cuando RS ofreció resolver el contrato por 72.000 euros, propuesta rechazada por el Consistorio.

Graña también cuestiona la falta de previsión presupuestaria para afrontar las posibles consecuencias de la sentencia de 2018 y exige responsabilidades políticas inmediatas.

Perspectivas

El caso pone en evidencia la importancia de una gestión administrativa eficaz y preventiva. Con el auto de ejecución ya en marcha y la apelación en curso, el Ayuntamiento deberá buscar soluciones rápidas para mitigar el impacto financiero y garantizar que no se repitan conflictos similares en el futuro. Entretanto, Republic Space continuará reclamando sus derechos conforme a lo dictado por los tribunales.