POLÉMICA EN BOADILLA: UN RADAR ACUMULA CIENTOS DE RECURSOS TRAS UNA SENTENCIA FAVORABLE

REDACCIÓN - El radar de velocidad instalado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte en abril de 2023 en la calle Playa de Formentor, entre las urbanizaciones de Bonanza y Las Lomas, se ha convertido en el centro de una tormenta judicial y vecinal. Conocido popularmente como el “radar de los famosos” por su cercanía a viviendas de conocidos personajes del mundo del deporte, la televisión y la empresa, este dispositivo es ya el que más multas ha emitido en toda la zona.

El radar, oculto tras una farola en una zona en pendiente y sin apenas señalización en sus primeros meses de funcionamiento, ha llegado a registrar hasta 58 sanciones en solo media hora por superar el límite de 30 km/h. Este límite, establecido por la DGT para vías urbanas de un solo carril por sentido, ha sido objeto de controversia por su escasa visibilidad y la forma en que fue comunicado a los conductores.

La polémica ha alcanzado ahora un nuevo nivel tras una sentencia reciente de un juzgado contencioso-administrativo de Madrid, que anula una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos del carné. El juez argumenta que el expediente no acreditaba adecuadamente el límite de velocidad, y que se vulneró el principio de presunción de inocencia del conductor. El fallo ya es firme y podría abrir la puerta a una oleada de anulaciones.

De hecho, más de 300 vecinos han presentado recursos contra las sanciones impuestas por este radar. Muchos consideran que la ausencia de señalización infringe el Real Decreto 596/1999, que obliga a informar claramente sobre la presencia de videocámaras o sistemas de control en la vía pública.

Por su parte, el Ayuntamiento defiende que la instalación del radar respondió a demandas vecinales por motivos de seguridad, tras detectar velocidades excesivas en la zona mediante estudios previos. Insiste en que su objetivo no es recaudatorio, sino disuasorio, y que la medida busca evitar accidentes en una vía especialmente transitada.

Sin embargo, la batalla legal no ha hecho más que comenzar. Lo que nació como una medida preventiva se ha convertido en uno de los conflictos más sonados en Boadilla, con implicaciones que podrían extenderse a otros municipios que afrontan situaciones similares.